Ministro Marcos Barraza (PC) en silencio ante denuncia de recibir platas de empresas mineras

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EL MURO tuvo acceso al informe 466/2016 del 12 de septiembre de este año, correspondiente a la investigación especial efectuada por la Contraloría Regional de Tarapacá contra la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de Tarapacá, Mariela Basualto Ávalo (DC) -cargo designado por la Presidenta, Michelle Bachelet) y que concluye que la autoridad de la zona habría aceptado y/solicitado un donativo de la empresa Sociedad Comercial Minera Copiapó, de parte de Ramón Méndez Cifuentes, director ejecutivo de la firma, con la finalidad de financiar actividades institucionales como cócteles, desayunos y cofee braeck, pero, “sin ceñirse al procedimiento establecido para ello y, por otra parte, ordenó a un subalterno la gestión de los mismos sin que transparentara tal donativo, configurándose una acción que contravendría el principio de probidad administrativa, indicado en los artículos 62 Nº 5 de la Ley Nº 18.575 y 61, letra g) de la Ley Nº 18.834, motivo por el cual esta entidad de control iniciará un proceso sumarial”.

El problema adicional a esta denuncia es que se presentó un reclamo formal en el Ministerio de Desarrollo Social en contra del Ministro,  Marcos Barraza (PC) –el mismo que ha aparecido en los últimos días en los medios de prensa. hablando de la Encuesta CASEN 2016- quien, de acuerdo a varias fuentes de la entidad consultadas por este diario electrónico, está en conocimiento del sumario decretado contra su subalterna, Mariela Basualto, pero, hasta ahora, él ha optado por el silencio sobre estas anomalías y no ha tomado ninguna medida disciplinaria, apartándose de sus funciones, entre ellas, velar también por la probidad de las actuaciones de quienes trabajan en el Ministerio y, además, tienen cargos de jefatura como es el caso de la Seremi de Desarrollo Social de Tarapacá.

Llama la atención que el Ministro Barraza, se de largo tiempo y espacio para aplaudir la Encuesta CASEN 2016 que arrojó una disminución de un 14 a un 11% en los niveles de pobreza en Chile y no dedique nada de su tiempo a aclarar la denuncia que afecta a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de Tarapacá. Frente a eso, silencio, pese a que se habla de falta de probidad administrativa.

¿Cuál es el fondo de la denuncia? En el documento de la investigación referida a la SEREMI se señala que “por medio de la orden de compra Nº 252 del 25 de septiembre de 2014, la empresa Minera Copiapó contrató a la empresa de eventos La Espiga Ltda, por servicios de coctelería, pagando la suma de $450.000 más IVA. Era habitual que el señor Méndez Cifuentes visitara la oficina de la SEREMI de Desarrollo Social para hacer entrega de los recursos donados, los cuales habrían sido recibidos, directamente, por Mariela Basualto Ávalo o, en su ausencia, por su asesor, Eryck Cisternas Jabre”.

Mariela Basualto Ávalos, “en su investidura de SEREMI de Desarrollo Social de Tarapacá realizó con recursos propios donativos a personas que se lo solicitaron, directamente, o por oficina de partes de esa entidad, conducta que no se ajusta a las funciones establecidas en el Artículo 28 de decreto Nº 15 de 2013 del Ministerio de Desarrollo Social”.

Los recurrentes solicitaron que “se investigue si la Empresa Minera Copiapó también financió actividades institucionales de servicios públicos, relacionados con la citada SEREMI: Corporación de Desarrollo Indígena (CONADI), el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS); Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS); Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) y/o si las jefaturas regionales de dichos servicios estaban en conocimiento de los pagos realizados”.

Los denunciantes solicitan un pronunciamiento en cuanto a las actuaciones realizadas por la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social de Tarapacá, Mariela Basualto, como también de los funcionarios públicos involucrados en esas acciones.

¿Y los procedimientos de control?

En la denuncia en contra de la SEREMI de Desarrollo Social de Tarapacá, los recurrentes dieron a conocer fallas en los procesos de control y de entrega de donaciones en situación de catástrofe. “La SEREMI no contaba con procedimientos internos, formalmente, establecidos que fijaran la forma de actuar ante una donación recibida por parte de una entidad privada en una situación de emergencia, tal como la ocurrida el 1 de abril de 2014 (el terremoto que azotó al Norte Grande”.

Cabe consignar que en el informe 466/2016 del 12 de septiembre se incluye la declaración de la SEREMI de Desarrollo Social de Tarapacá quien confirmó que, al asumir el cargo como máxima autoridad en esa entidad, advirtió la carencia de procedimientos de control, motivo por el cual, procedió a emitirlo: Circular Nº 1 del 29 de diciembre de 2014, en el cual impartió instrucciones a los funcionarios de esa repartición, señalando que la referida entidad no está facultada para la recepción de donaciones de ningún tipo en el contexto de catástrofes o emergencias.

Frente a lo planteado por la SEREMI, Mariela Basualto, ¿cómo se explica, entonces, que sí recibiera el donativo de la Empresa Sociedad Comercial Minera Copiapó?, ¿lo hizo, porque antes de la Circular Nº era tal el caos que no se seguía ningún procedimiento legal? Lo que declaró, Basualto es que “ocurrida la catástrofe natural los días 1 y 2  de abril de 2014, numerosas personas concurrieron a la Secretaría Regional Ministerial a su cargo para ofrecer ayuda a los damnificados la que consistió en diversas prestaciones, algunas de ellas fueron entregadas a la Intendencia Regional de Tarapacá que las canalizó y, otras, como la investigada fue recibida por esta SEREMI, actuando de buena fe, en el entendido de cómo estaban a cargo del equipo que en terreno aplicaba las encuestas de las denominadas fichas EFU para el otorgamiento de algunos beneficios que, básicamente, consistieron en bonos de arriendo y de acogida familiar, se podían aceptar”.

La emisión de la llamada Circular Nº 1 fue posterior al donativo que recibió la SEREMI, lo que deja de manifiesto, según fuentes de la plaza de abogados que “en los procesos había desorden y, más allá de las excusas que se planteen, se transgredió la norma relativa al control interno de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social”. En el informe de investigación especial –en poder de EL MURO- se indica que “el desconocimiento de la normativa no resulta una causal de excepción de responsabilidad, atendida la presunción de conocimiento de la ley existente”. Esto, porque “el donativo recibido por la SEREMI de Desarrollo Social de Tarapacá vulnera lo preceptuado en el artículo 6 de la Ley Nº 16.282 que establece que el Ministerio del Interior es el ente autorizado para recibir las donaciones o erogaciones que se realicen para ayudar a las zonas damnificadas. Asimismo, el inciso segundo del mismo artículo señala que las donaciones o erogaciones, cualquiera sea su condición, podrán ser puestas por el Ministerio del Interior a disposición de cualquier institución fiscal, semi-fiscal, de administración autónoma o empresa en que el Estado haya aportado capitales o tenga representación, a las municipalidades o a las entidades privadas que estime más adecuadas para su distribución y aprovechamiento, considerando, además, en su inciso sexto, que dicha cartera de Estado deberá dar cuenta a la Contraloría General de la República sobre la inversión de los dineros que reciba como donaciones”, situación que en la especie, es decir, en este caso que se denuncia, no ocurrió.

Daisy Castillo Triviños/EL MURO

Foto: Agencia Uno

 

 

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